INFORME SOBRE EL CASO HERRERA
El 12 de enero de 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, la señora Ernestina Herrera de Noble reconoció, en una carta abierta, el legítimo deseo de las Abuelas de saber si Marcela y Felipe, según sus propias palabras, fueron “arrebatados a detenidos-desaparecidos”.
A su vez, aseguró que la duda acerca del origen de Marcela y Felipe había sido un tema recurrente en el seno de su familia y que ella no albergaba ningún tipo de desconfianza sobre nuestra incesante búsqueda por recuperar la identidad de nuestros nietos apropiados durante la última dictadura militar.
No existe mejor justificación del proceso que está concluyendo con la corroboración de la identidad de Marcela y Felipe que el propio reconocimiento de las dudas que ha expresado la dueña del diario Clarín. Si a esto sumamos las irregularidades que en el presente informe se detallan, vinculadas al proceso de adopción, y luego la resistencia a colaborar con la justicia en el cotejo de los perfiles genéticos mediante la extracción voluntaria de ADN y la posterior comparación con el Banco Nacional de Datos Genéticos, independientemente de cuál sea el resultado que dicha comparación arroje, se habrá dado un paso fundamental para la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria
SÍNTESIS
Caso Noble Herrera
Existieron indicios suficientes para justificar la duda y la investigación: la fecha de las adopciones de Marcela y Felipe -1976-, las irregularidades acreditadas en el trámite de su adopción, la existencia probada de un Plan sistemático de apropiación de niños sustraídos a personas detenidas desaparecidas en el marco del terrorismo de Estado, las resistencias a hacerse el análisis por parte de Marcela y Felipe, y las numerosas dilaciones en el trámite judicial.
En todos estos casos el punto de partida ha sido la duda, no la certeza. Justamente porque existió un Plan sistemático de apropiación de niños y la sistematicidad de este delito no radica en el método, sino en el objetivo: lograr que esos niños nunca llegaran a sus familias. Los familiares siempre luchamos contra la falta de información.
Este caso fue abordado por Abuelas como todos los demás. La particularidad fue impuesta por los abogados defensores de los jóvenes que siempre se apartaron de los caminos previstos por la ley: solicitaron realizar el análisis en el Cuerpo Médico Forense, pidieron que las muestras no se preservaran en el BNDG, no permitieron que las muestras se cotejaran con todo el universo de familiares que buscan a los desaparecidos con vida, etcétera.
La resolución de este caso, independientemente de cual sea el resultado, permitirá:
• Reafirmar el cumplimiento del principio básico de igualdad ante la ley.
• Reafirmar la independencia de las instituciones democráticas.
• Contribuir a la difusión pública de nuestra lucha por la verdad, la identidad y la justicia.
CRONOLOGIA DEL CASO:
1984: Primeras denuncias. Tomamos este caso, como todos, a partir de las denuncias recibidas en Abuelas, en las que se mencionaba que Ernestina Herrera de Noble tenía dos niños presuntamente hijos de desaparecidos.
1992: Las Abuelas pedimos una reunión a Ernestina Herrera de Noble para comentarle -como hicimos en otras oportunidades de adopciones- que habíamos recibido denuncias que decían que los chicos que había adoptado podían ser hijos de desaparecidos. Pero no nos atendió. En cambio, mandó al gerente general de Clarín, Héctor Magnetto. “Yo sé quiénes son los papás de los chicos y sé además que no son hijos de desaparecidos”, dijo Magnetto. Y nos chantajeó: “Yo les puedo decir quiénes son pero ustedes antes me tienen que decir quiénes hicieron las denuncias”. Así, las Abuelas dimos por terminada la reunión.
1994: Solicitamos que se desarchivaran los expedientes de guarda de Marcela y Felipe Noble Herrera pero la Justicia no autorizó la medida.
2001: Desde Abuelas, realizamos la presentación judicial detallando las denuncias recibidas acerca del origen de los chicos. En los meses siguientes se pudieron constatar las graves irregularidades existentes en los expedientes de guarda.
2003: Cuando la causa toma estado público, la propia Ernestina Herrera de Noble publicó una carta en el diario Clarín en donde reconocía la posibilidad de que Marcela y Felipe fueran hijos de desaparecidos.
Textualmente dijo: “Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”. (Link a la Carta abierta de Ernestina Herrera de Noble: http://edant.clarin.com/diario/2003/01/12/p-00801.htm)
Ese año el juez Marquevich ordenó realizar el análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos pero Marcela y Felipe se negaron, por lo que el juez ordenó la extracción compulsiva de sangre y llamó a indagatoria a Ernestina de Noble. En su declaración, Herrera de Noble siguió sosteniendo como verdaderas las mentiras ya probadas que había en el expediente de guarda. A raíz de la detención de la dueña de Clarín, Marquevich fue apartado de la causa, que quedó en manos del juez Conrado Bergesio.
A mediados de 2003, Marcela y Felipe manifestaron que no querían conocer su identidad pero que aceptaban analizarse con las dos familias querellantes en el Cuerpo Médico Forense, en vez de realizar los estudios en el BNDG, como solicitaban las querellas. Además, pidieron que una vez finalizado el estudio se cerrara la causa.
2004: Después de un año de inacción, el juez Bergesio ordenó hacer el análisis en las condiciones que pedían los abogados de Marcela y Felipe, pero hasta noviembre de 2007 la causa estuvo parada.
2007: La Cámara de Casación indicó que el análisis se podía hacer en el Cuerpo Médico Forense, en forma contraria a lo establecido en la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos y cambiando el criterio que la misma Cámara había fijado apenas dos meses antes.
Las Abuelas de Plaza de Mayo nos presentamos como querellantes a fines de 2007, en representación de todas las familias de desaparecidos que buscan a sus nietos apropiados. Quedó claro, así, que no se investigaba si Marcela y Felipe pertenecían a tal o cual familia, sino si eran o no hijos de desaparecidos.
2008: Al momento de concretar el análisis ilegal que había ordenado, el juez Bergesio no supo cómo hacer ya que el Cuerpo Forense no tenía las muestras genéticas de las familias querellantes y éstas no autorizaron a que se retiraran las que habían depositado en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
2009: Pasados dos años sin que Bergesio avanzara, la Cámara de San Martín le ordenó que tomara muestras de ADN de los jóvenes sin más demoras, siguiendo lo dicho por la Corte Suprema en el caso “Prieto”.
Marcela y Felipe entregaron sus muestras voluntariamente en el Cuerpo Médico Forense. Se obtuvieron tres juegos de cada una: dos quedaron en poder del Cuerpo Forense y el tercero fue al juzgado de Bergesio.
Al día siguiente, Bergesio ordenó allanamientos en las casas de Marcela y Felipe con el fin de obtener peines, cepillos y otros objetos para extraer ADN. Por las declaraciones de los testigos, se verificó que en ambos domicilios la policía esperó cerca de una hora para ingresar, luego de dar aviso a los propietarios y aguardar a que llegaran sus abogados.
El juez, a pesar de haber obtenido muestras de sangre, saliva y objetos personales de los jóvenes, siguió dilatando la realización de los análisis. Finalmente, luego de ser intimado por la Cámara, decidió quetodas las muestras se analizaran en el Banco Nacional de Datos Genéticos y fijó el 22 de marzo de 2010 para comenzar los estudios.
2010: El 21 de marzo, un día antes de la fecha fijada por el juez Bergesio, la Cámara de Casación ordenó suspender los exámenes para dar trámite a un recurso presentado por los abogados de Marcela y Felipe.
Pero el 9 de abril la misma Cámara rechazó el recurso y confirmó que se debían realizar los análisis.
El juez Bergesio fue apartado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, acusado de inacción y de parcialidad en beneficio de la familia Noble Herrera. A fines de abril se hizo cargo la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien descubrió que Bergesio retuvo en su juzgado un juego de muestras de sangre y saliva.
La jueza Arroyo Salgado ordenó trasladar las muestras a un lugar apto para su conservación.
Llamativamente, el mismo día que iba a efectuarse el traslado, apareció rota la caja fuerte donde estaban guardadas las muestras. Un secretario del juez Bergesio dijo que se le rompió por accidente, cuando quiso abrir la caja para ver si las muestras seguían adentro.
El 28 de mayo, ante la negativa de Marcela y Felipe a que se usaran las muestras que dieron al Cuerpo Médico Forense y a entregar nuevas muestras, la jueza Arroyo Salgado ordenó obtener material genético de las ropas que llevaban puestas los jóvenes. Ante la solicitud de las prendas por parte del juzgado y la policía, Marcela y Felipe no se opusieron. Esta medida tampoco fue impugnada judicialmente por sus abogados defensores. Poco después, los científicos del Banco Nacional de Datos Genéticos descubrieron que estaban contaminadas y que contenían ADN de varias personas, por lo que no podía identificarse ningún perfil genético.
El 29 de septiembre, la jueza ordenó al Banco Nacional de Datos Genéticos determinar la aptitud de todas las muestras recabadas en la causa hasta ese momento y si las mismas podían ser consideradas como pertenecientes en forma indubitada a Marcela y Felipe Noble Herrera. Tanto el BNDG como los peritos de partes respondieron que no podían dar certezas sobre la aptitud de las muestras.
Frente a este escenario, en diciembre desde Abuelas pedimos una medida para despejar todas las dudas: solicitamos a la jueza la obtención de pequeñas muestras de sangre, saliva o cabellos de Marcela y Felipe en el Banco Nacional de Datos Genéticos con o sin consentimiento, siguiendo el criterio previsto por la “ley de ADN” del año 2009 (26.548) y la jurisprudencia de la Corte Suprema (caso Prieto). Arroyo Salgado hizo lugar al pedido el 21 de diciembre de 2010.
2011: Los abogados de Marcela y Felipe apelaron la orden de la jueza ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la que confirmó que debía realizarse el examen de ADN. Esta resolución también fue recurrida por los abogados de los jóvenes y en junio la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el recurso y confirmó la realización de los análisis ordenados por Arroyo Salgado. Hace unas semanas, sorpresivamente, Marcela y Felipe accedieron a hacerse el análisis.
Antecedentes:
Si bien se tomaron muestras genéticas en tres ocasiones anteriores, nunca se pudo obtener perfil genético ni se llegó a realizar el entrecruzamiento de datos:
PEDIDO DE EXÁMENES VOLUNTARIOS, 2003:
Los querellantes rechazan el ofrecimiento de exámenes voluntarios por las condiciones en que se proponían: que el cotejo se hiciera sólo con las familias querellantes, que el examen se realizara en el Cuerpo Médico Forense y que las muestras se eliminaran con posterioridad al cotejo.
LA VERSIÓN DE CLARÍN
Marcela y Felipe Noble Herrera se ofrecieron voluntariamente a hacerse los exámenes de extracción de sangre para cotejar sus datos con los de las familias querellantes.
MUESTRA 2009, EN EL CUERPO MÉDICO FORENSE:
El 29 de diciembre de 2009 el entonces juez de la causa Conrado Bergesio accedió a que los jóvenes Marcela y Felipe entregaran sangre y saliva voluntariamente, pero el trámite se realizó en el Cuerpo Médico Forense y sólo para ser comparado con las dos familias querellantes. Las querellas cuestionaron que el trámite no se realizara en el Banco Nacional de Datos Genéticos y que la información no fuera entrecruzada con el total de los casos existentes. Un juego de las muestras obtenidas fue retenido por Bergesio en su juzgado hasta dos semanas después de que fuera separado de la causa y se comprobó que la caja fuerte donde estaban guardadas fue violentada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Justicia en todas las instancias, incluida la Corte, los hermanos entregan su sangre y saliva en el Cuerpo Médico Forense.
MUESTRA 2009, A TRAVÉS DE UN ALLANAMIENTO CON IRREGULARIDADES:
Un día después, Bergesio ordenó un allanamiento para secuestrar objetos personales de los jóvenes. Esta medida fue irregular, ya que la policía esperó una hora para ingresar al domicilio de los jóvenes hasta que llegaran los abogados.
Al día siguiente de la extracción voluntaria, el juez Bergesio ordenó allanamientos en los domicilios de los hermanos donde se entregaron prendas y otros elementos.
MUESTRA 2010, CON PRENDAS CONTAMINADAS:
En mayo de 2010, la nueva jueza del caso, Arroyo Salgado, citó a Marcela y Felipe a su juzgado, y ante su negativa a entregar nuevas muestras de manera voluntaria ordenó obtener ADN por medios alternativos y requisar su ropa.
Esta medida no fue impugnada judicialmente por los abogados de Marcela y Felipe. Las prendas finalmente tampoco pudieron utilizarse, ya que cuando los peritos realizaron un análisis previo descubrieron que estaban contaminadas y que contenían ADN de varias personas.
El 26 de mayo, la jueza Arroyo Salgado ordenó una requisa en la vía pública y un nuevo allanamiento, donde se retiraron las prendas que llevaban puestas los hermanos Noble Herrera.
MUESTRA 2011, COMO ESTABLECE LA LEY:
En junio de 2011, por primera vez, Marcela y Felipe Noble Herrera accedieron a hacerse los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, al entrecruzamiento de los datos obtenidos con el total de los casos registrados en el BNDG y a que las muestras permanezcan allí para asegurar la posibilidad de ulteriores cotejos.
Por cuarta vez, dieron muestras de ADN los hermanos Noble Herrera.
Marcela y Felipe concurrieron al BNDG, donde les extrajeron nuevas muestras de sangre y saliva, para confrontar con todos los datos del Banco de Datos.
Artículo sexto de la Ley 26.548 del Banco Nacional de Datos Genéticos: “La información genética ingresada quedará registrada en el Archivo Nacional de Datos Genéticos con el único objeto de asegurar su comparación con los datos que se incorporen en el futuro.”
Las irregularidades de la adopción:
MARCELA
Según el expediente de guarda de Marcela, el 13 de mayo de 1976 Ernestina Herrera se presentó ante la jueza Ofelia Hejt con una bebé que, aseguró, había sido abandonada once días antes en una caja de cartón en la puerta de su casa y por la que pedía la guarda con vistas a una posterior adopción.
La viuda de Roberto Noble ofreció como testigos a una vecina, Yolanda Echagüe de Aragón, y al cuidador de la casa de la vecina, Roberto Antonio García. La guarda le fue concedida al día siguiente, 14 de mayo.
En 2001, García -de 85 años en ese entonces- declaró ante el juez Marquevich que nunca fue cuidador de la casa de Lomas de San Isidro. Su trabajo durante 40 años había sido como chofer del fundador de Clarín y, tras su muerte en 1969, de su viuda.
Según García, Ernestina nunca vivió en el lugar declarado en los papeles de adopción. Tampoco la presunta vecina vivía ahí, según declaró su nieta y corroboró posteriormente la Policía. La información fue confirmada por Marquevich en registros oficiales.
FELIPE
El expediente de adopción de Felipe sostiene que Carmen Luisa Delta, madre soltera de un varón nacido el 17 de abril de 1976, se presentó el 7 de julio de ese año ante la misma jueza que intervino en la adopción de Marcela y le entregó a su hijo.
Ese mismo día y sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la secretaria del juzgado certificó que la señora de Noble solicitó la guarda de otro chico. También ese día se le otorgó la entrega provisoria del chico, hoy Felipe Noble Herrera.
El número de documento que figura en el expediente como perteneciente a Carmen Luisa Delta pertenecía en realidad a un hombre, Hugo Talkowski.
La investigación encabezada por Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. Desde Abuelas sostenemos que el dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron decisivos para determinar la competencia del tribunal.
LA JUEZA
La ex jueza de menores de San Isidro Ofelia Hejt -ya fallecida- fue quien intervino en los trámites de adopción de Marcela y Felipe. En abril de 1977, esta misma jueza entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por miembros del Ejército. La Blunda recuperó su identidad en febrero de 1984. Heijt fue designada durante la última dictadura militar (1976-1983) y dejó su cargo al restituirse la democracia.
FUENTE:
http://www.abuelas.org.ar/material/juridica/INFORME%20SOBRE%20EL%20CASO%20HERRERA.pdf
